Córdoba cambia su identidad oficial y borra el nombre del gobernador de la comunicación pública rompiendo una tradición histórica
“Hacer para crecer”: una nueva narrativa que busca correr el foco del poder personalizado
Desde esta semana, el nombre de Martín Llaryora dejó de figurar en las comunicaciones oficiales del Gobierno de Córdoba, marcando un cambio profundo que va mucho más allá de lo visual.
La Provincia puso en marcha un rediseño integral de su identidad institucional que elimina firmas personalizadas, degradés y colores secundarios, para adoptar una estética sobria, uniforme y claramente estatal: fondo azul, tipografías blancas y el escudo provincial como único identificador.
La nueva imagen ya se aplica en redes sociales, sitio web oficial, cartelería y papelería, y supone el fin de la leyenda “Gestión Martín Llaryora” en obras y anuncios públicos.
En su lugar, el Gobierno apuesta por una comunicación despersonalizada, centrada en la institución y no en la figura del gobernador.
El escudo de la Provincia se combina ahora con un slogan breve que funciona como eje conceptual de la gestión: “Hacer para crecer”, acompañado por los colores de la bandera cordobesa —azul, blanco y rojo—.
Desde el área de Comunicación explicaron que la decisión responde a una lógica distinta a la tradicional: “Es más desde los cordobeses”, señalaron, subrayando la intención de reforzar la idea de un Estado que comunica en nombre de la comunidad y no de un dirigente en particular.
Aunque pueda parecer un simple cambio estético, la medida implica un quiebre inédito en la Córdoba del siglo XXI. Es la primera vez que un gobierno provincial elimina el nombre del gobernador de toda su comunicación oficial, rompiendo con una práctica arraigada en la política local y nacional, donde la personalización del poder suele ser la norma.
El trasfondo abre un debate más amplio sobre cómo se construye el mensaje público y qué valores se buscan transmitir: al despersonalizar la comunicación, el foco se desplaza hacia la institución, el servicio y el beneficio ciudadano, reforzando la noción de que el Estado es permanente y los funcionarios son transitorios.
La decisión también tiene una lectura ética y simbólica. Al eliminar nombres propios, se busca evitar el uso de recursos públicos para la promoción personal, una frontera históricamente difusa en la comunicación política. Además, el mensaje implícito es que los logros de gobierno no dependen de un líder individual, sino de equipos técnicos, políticas públicas y continuidad institucional.
Sin embargo, la discusión no es lineal: en contextos de crisis, la sociedad suele demandar un rostro visible y un responsable claro, y la personalización puede aportar cercanía y liderazgo. La contracara es conocida: cuando la gestión se confunde con una persona, el proyecto se vuelve frágil y se debilita la confianza en las instituciones.
Por eso, el giro que impulsa el Gobierno de Córdoba excede lo gráfico y lo comunicacional. Se trata de una señal política y cultural que interpela la forma en que el poder se ejerce, se representa y se comunica, y que reabre el debate sobre el equilibrio entre liderazgo, institucionalidad y democracia en la gestión pública.
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