La Justicia de Córdoba declaró inimputable a Carlos Daniel Gómez, el hombre de 38 años acusado de asesinar a su madre, Mónica Viviana Salguero, de 62, en la ciudad de Villa María. El hecho, ocurrido el pasado 10 de octubre, conmovió a la comunidad local por la violencia del ataque: la víctima recibió 34 puñaladas dentro de su vivienda.

El fallo judicial, basado en pericias interdisciplinarias, determinó que el agresor no comprendía la criminalidad de sus actos ni podía dirigir sus acciones al momento del crimen, debido a un cuadro de esquizofrenia diagnosticado con anterioridad.

Una decisión judicial basada en criterios médicos

El dictamen fue emitido por la Fiscalía de Instrucción del Tercer Turno de Villa María, a cargo del fiscal René Bosio, luego de analizar los informes psicológicos y psiquiátricos practicados al imputado. Los especialistas confirmaron que Gómez presentaba un trastorno psicótico grave y que representaba un riesgo elevado tanto para sí mismo como para terceros.

Ante ese diagnóstico, la Justicia ordenó su internación inmediata en el Hospital Psiquiátrico Emilio Vidal Abal, ubicado en la localidad de Oliva, donde permanecerá bajo control médico y custodia sanitaria permanente. El centro deberá elevar informes semanales al tribunal sobre su evolución clínica y las condiciones de su tratamiento.

“El objetivo de esta medida no es punitivo, sino preventivo y terapéutico”, explicaron fuentes judiciales. “Se busca proteger la seguridad pública y garantizar que el imputado reciba la atención médica adecuada”.

El crimen: una escena de horror en barrio Lamadrid

El hecho se produjo en horas de la madrugada del 10 de octubre, en una vivienda ubicada sobre calle Periodistas Argentinos al 400, en el barrio Lamadrid de Villa María.
Vecinos alertaron a la Policía tras escuchar gritos y ruidos violentos dentro del domicilio. Al ingresar, los efectivos encontraron el cuerpo de Mónica Salguero tendido en el suelo, con múltiples heridas de arma blanca.

La autopsia posterior confirmó que la víctima había recibido 34 puñaladas, dos de ellas mortales, que afectaron órganos vitales y le provocaron un shock hipovolémico. En el lugar se secuestraron dos cuchillos, uno con rastros de sangre compatibles con la víctima.

El hijo de la mujer, único conviviente en la vivienda, fue aprehendido en el lugar sin resistencia. Según los primeros testimonios, Gómez atravesaba una crisis psicótica y no alcanzó a comprender la magnitud de sus actos.

Enfermedad mental y responsabilidad penal

El caso, que inicialmente fue caratulado como homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, tomó un rumbo distinto tras conocerse los resultados de las pericias.
En el fuero penal, la figura de la inimputabilidad implica que el acusado no puede ser condenado, ya que su enfermedad mental le impidió actuar con discernimiento. Sin embargo, eso no significa su liberación: el tribunal dispone su internación compulsiva y su seguimiento judicial indefinido.

“Este tipo de resoluciones buscan un equilibrio entre la salud del paciente y la protección de la sociedad”, indicaron fuentes del Ministerio Público Fiscal. “El seguimiento médico-judicial será constante, y cualquier cambio en su condición deberá ser informado de inmediato”.

Impacto en la comunidad y acompañamiento familiar

El asesinato de Mónica Salguero generó consternación en Villa María, una ciudad que todavía intenta procesar el impacto del crimen.
Vecinos y allegados de la víctima recordaron a la mujer como “una persona trabajadora, amable y muy querida en el barrio”. En tanto, desde los equipos de salud mental locales se reforzó la necesidad de acompañar a las familias que conviven con personas con trastornos psiquiátricos, subrayando la importancia del seguimiento profesional continuo y la contención comunitaria.

Una tragedia que interpela

El caso Gómez-Salguero vuelve a poner en debate el delicado equilibrio entre justicia penal y salud mental, un tema complejo que atraviesa los límites de lo jurídico, lo sanitario y lo social.
Mientras la causa penal queda en suspenso por la inimputabilidad, el expediente continuará bajo control judicial permanente, garantizando tanto la atención médica del acusado como el derecho de la familia de la víctima a conocer los avances del caso.