Una investigación liderada por la fiscal federal Virginia Carmona resultó en la detención de dos personas en Corral de Bustos, en el marco de una causa por trata de personas con fines de explotación sexual.

Allanamientos simultáneos en Corral de Bustos

La fiscal federal de Bell Ville, Virginia Carmona, encabezó una serie de allanamientos en la ciudad de Corral de Bustos, en una operación vinculada a una grave causa de trata de personas.

La investigación comenzó tras una denuncia presentada a la línea 145, la cual permite reportar casos de trata en todo el país. La denuncia fue recibida por la Fundación María de los Ángeles, conocida como Fundación Marita Verón, con sede en Tucumán.

A raíz de esta denuncia, se comisionó a personal de la Policía Federal Argentina de Bell Ville y Villa María, quienes realizaron un exhaustivo trabajo de investigación durante varios meses.

Esta labor permitió identificar la situación de una persona mayor de edad con discapacidad, que estaba siendo explotada sexualmente.

Evidencias y rescate de la víctima

En el contexto de los allanamientos, se llevaron a cabo cuatro operativos simultáneos, incluyendo uno en un hotel alojamiento, donde se hallaron numerosas evidencias relacionadas con la explotación sexual.

Asimismo, se realizó una intervención en el domicilio de la víctima, donde se constató su situación de vulnerabilidad.

Después de los procedimientos, la víctima fue trasladada al Hospital Regional de Bell Ville, donde recibió atención integral. Profesionales especializados, incluyendo psicólogos del programa de rescate de víctimas de trata dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, evaluaron su estado físico y psicológico, así como su grado de discapacidad.

Detenciones y posibles imputaciones

Como resultado de los operativos, dos personas fueron detenidas, una de las cuales sería el padrastro de la víctima, lo que agrava aún más la situación judicial del caso.

La fiscal Carmona adelantó que se formularán imputaciones por los delitos de abuso sexual y trata de personas con fines de explotación sexual.

Además, destacó que el Código Penal contempla penas más severas en estos casos cuando la víctima presenta una discapacidad, con condenas que pueden oscilar entre 8 y 16 años de prisión, e incluso más, dependiendo de los agravantes.

La causa permanece en etapa de instrucción, mientras se avanza en la recolección de pruebas y en la contención integral de la víctima.