Una importante movilización de jubilados y vecinos se llevó a cabo en la ciudad de Marcos Juárez en rechazo a la decisión del PAMI de trasladar las prestaciones médicas hacia Villa María, medida que afecta directamente a unos 5.500 afiliados de la región. La protesta reflejó el creciente malestar social frente a una situación que muchos consideran un retroceso en el acceso a la salud.

La concentración tuvo uno de sus puntos más significativos frente al edificio “19 de Octubre”, donde los manifestantes exigieron la intervención urgente de las autoridades políticas para revertir la medida y garantizar que la totalidad de los servicios médicos continúe prestándose en la ciudad.

El reclamo central apunta a evitar traslados de más de 100 kilómetros, lo que representa una gran dificultad para una población mayor, en muchos casos con problemas de movilidad y enfermedades crónicas.

La problemática se origina en el inminente cierre del Sanatorio Privado del Sudeste, principal efector de salud de la ciudad, lo que dejó en una situación crítica al sistema sanitario local.

Según informó Cadena Sudeste, este cierre implica la pérdida de servicios esenciales como:

• Internaciones
• Cirugías
• Guardia médica permanente
• Estudios de mediana y alta complejidad

Ante este escenario, el PAMI avanzó en la reconfiguración del sistema de atención, con la posibilidad de que una prestadora de Villa María absorba la cobertura, obligando a los jubilados a trasladarse para recibir atención médica.

La reacción social no tardó en aparecer. Centros de jubilados, familiares y organizaciones sociales impulsaron un petitorio formal exigiendo soluciones inmediatas, advirtiendo que la falta de definiciones oficiales genera incertidumbre y pone en riesgo la continuidad de tratamientos y la atención de urgencias.

Durante la movilización, los manifestantes insistieron en que la salud es un derecho fundamental y reclamaron que se arbitren los medios necesarios para que Marcos Juárez recupere un sistema de atención integral. También solicitaron la conformación de una mesa de crisis con participación de autoridades locales, provinciales y nacionales, junto a representantes del sector sanitario.

El conflicto pone en evidencia una crisis sanitaria de fondo, donde miles de jubilados quedan en una situación de vulnerabilidad ante la falta de infraestructura y definiciones claras.

Mientras tanto, la comunidad continúa movilizada, a la espera de respuestas concretas que garanticen el acceso a la salud sin tener que abandonar su ciudad.