De la inflación descontrolada a la estabilización: el giro económico más profundo en décadas

Hitos y avances importantes

• Freno de la inflación. Bajo su gestión la inflación interanual —que en 2023 superaba 200 %— se redujo considerablemente: en 2025 los incrementos mensuales del Índice de Precios al Consumidor (IPC) se situaron en torno al 2-3 %. 

• Superávit fiscal y disciplina presupuestaria. Gracias a fuertes recortes del gasto, reducción de subsidios, ajuste en el Estado y contratos públicos, Argentina registró en 2024 su primer superávit en décadas.

• Reformas económicas y liberalización. Impulsó un paquete de reformas —reflejadas en la ley conocida como la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos—, con medidas de desregulación, privatizaciones previstas, eliminación de impuestos, reducción de regulaciones, y cambios en alquileres, mercado laboral y estructura del Estado. 

• Retorno al mercado de capitales y confianza financiera. La estabilización macroeconómica y menor riesgo país facilitaron la reapertura de Argentina al financiamiento internacional y a una normalización financiera que había sido abandonada en crisis anteriores. 

• Impulso a reformas institucionales y judiciales. Se avanzó en propuestas para reformar el sistema penal, el código procesal y la ley de inteligencia —pendientes desde hace tiempo— con proyectos presentados al Congreso.

En conjunto, estos cambios representan lo que muchos analistas llaman una “terapia de shock”: un giro fuerte hacia políticas de libre mercado, austeridad estatal y liberalización económica, con el objetivo de estabilizar una economía que estaba en hiperinflación y crisis. 

Costos, impactos sociales y retos concretos

• Aumento de la pobreza y caída del poder adquisitivo. Las políticas de ajuste redundaron en un fuerte impacto sobre sectores vulnerables: muchos salarios, jubilaciones y asistencia social se demoraron o ajustaron por debajo de la inflación, resultando en un aumento de la pobreza y la indigencia en 2024. 

• Empleo y economía real golpeados. El recorte del Estado implicó despidos masivos en el sector público, congelamiento de obras, recortes en salud, educación, ciencia y subsidios. Eso afectó el consumo, la inversión y generó protestas sociales. 

• Recuperación desigual de la economía. Aunque algunas ramas —como finanzas o ciertos servicios— muestran dinamismo, el sector industrial, la construcción y el comercio siguen bajo presión. El crecimiento estructural aún es frágil. 

• Políticas pendientes o parcialmente cumplidas. Promesas de campaña como la dolarización de la economía, cierre del banco central, reforma previsional integral, tarifas “realistas” sin impacto social, reformas de seguridad o educación —en su mayoría— siguen “en proceso”, muchas demoran. 

• Descontento social y resistencia sindical/política. Los ajustes generaron protestas, críticas desde sindicatos, sectores sociales y parte de la sociedad que sienten que el costo recayó en los sectores más vulnerables.

• Balance general — luces y sombras

• La gestión de estos dos años puede entenderse como un intento profundo de resetear una economía en crisis: con reducción del déficit, desinflación, liberalización, reordenamiento fiscal y un giro ideológico claro. En muchos indicadores macroeconómicos hay avances objetivamente relevantes.

  Pero esos logros vienen acompañados de costos sociales muy fuertes: pobreza, pérdida de poder adquisitivo, debilidad del consumo, sector productivo golpeado y ausencia de red de contención para los sectores vulnerables. Además, hay promesas clave de campaña que siguen pendientes, lo que deja un escenario de incertidumbre para amplios sectores.

  El principal desafío para los próximos años —y el gran interrogante— es si estas reformas estructurales podrán traducirse en crecimiento sostenido, empleo formal, mejora real en el nivel de vida y reconstrucción de una base productiva diversa.

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