Osvaldo Abel Acuña, un empleado de ANSES, y su esposa, Silvana Andrea Baudracco, enfrentan cargos por defraudación al Estado a través de un esquema de cobros duplicados que supera los 40 millones de pesos.

El caso ha generado conmoción en las localidades cordobesas de Bell Ville y Leones.

Detalles del caso

Desde septiembre pasado, ANSES inició una investigación tras detectar movimientos financieros irregulares. La denuncia penal presentada por el organismo reveló que Acuña, usando su posición dentro de la Administración Nacional de la Seguridad Social, implementaba un sistema de "repagos".

Este mecanismo interno está diseñado para asegurar el pago de jubilaciones retrasadas. Sin embargo, el acusado habría manipulado el sistema para generar cobros duplicados.

Acuña, además, utilizó las credenciales de acceso de otros compañeros sin su consentimiento y falsificó firmas para llevar a cabo la estafa. A pesar de estos cobros fraudulentos, los jubilados no se vieron afectados en la recepción de sus haberes, ya que se trataba de montos duplicados.

"El sospechoso utilizaba las claves de otros compañeros de trabajo sin que ellos supieran, como también falsificaba sus firmas para poder gestionar estos cobros duplicados."

Investigación y consecuencias

En septiembre, un allanamiento en el Barrio Sur de Leones permitió a los investigadores recopilar mensajes y registros del sistema informático de ANSES, sumando pruebas al expediente.

Durante la indagatoria, Acuña reconoció su implicación en los hechos, aunque su esposa negó cualquier participación a pesar de las pruebas que sugieren una colaboración conjunta.

Por ahora, ambos acusados están imputados y el caso podría resolverse en los próximos meses mediante un juicio abreviado.

Actualmente, se encuentra con una licencia médica bajo carpeta psiquiátrica y en período de vacaciones.

"Durante la indagatoria, el acusado reconoció los hechos, aunque su esposa negó su participación."

Investigación judicial y posibles cargos

La causa podría derivar en imputaciones por defraudación contra la administración pública, un delito que contempla penas de prisión si se comprueba que existió una maniobra deliberada para obtener dinero del Estado.

En este tipo de investigaciones también se analiza si hubo:

• uso indebido de información interna,

• alteración de registros administrativos,

• o participación de otras personas dentro o fuera del organismo.

Por el momento, la Justicia busca reconstruir el circuito de los pagos y determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados.

Posibles sanciones administrativas

Además del proceso penal, el caso podría derivar en sanciones administrativas dentro de ANSES, que van desde suspensiones hasta la expulsión del organismo, en caso de confirmarse la participación del empleado en la maniobra.

Desde el organismo previsional no se descarta que, si se comprueba el fraude, también se avance en acciones para recuperar los fondos percibidos de manera indebida.

La investigación continúa y no se descarta que en los próximos días se conozcan nuevas imputaciones o medidas judiciales relacionadas con el caso.