La Justicia de Córdoba da a conocer su veredicto en el juicio por el caso Solange Musse
La joven tenía 35 años y murió durante la pandemia por un cáncer de mama. Su papá no pudo despedirse de ella porque no lo dejaron entrar a la provincia y llevó a los funcionarios a juicio.

Qué se juzga
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Fue presentado un juicio por jurados populares en los tribunales de Río Cuarto contra dos exfuncionarios del COE Regional Córdoba: José Fernando Andrada (exdirector del Hospital de Huinca Renancó y coordinador del puesto sanitario de Huinca Renancó) y Analía Morales (asistente social).
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Los cargos son abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público.
Los hechos
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Solange Musse tenía 35 años, vivía en Alta Gracia (Córdoba), sufría cáncer de mama en etapa terminal (IV) y falleció el 21 de agosto de 2020.
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Su padre, Pablo Musse, viajaba desde Plottier, Neuquén, con permisos de circulación, pero fue detenido en el puesto sanitario de Huinca Renancó al ingresar a Córdoba. Exigían un PCR, los test rápidos que le hicieron dieron positivo (luego se comprobaría que eran falsos positivos). No le permitieron proseguir, y no pudieron despedirse antes de que Solange falleciera.
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También estaba presente su cuñada, Paola Oviedo, con discapacidad motriz, lo que le hubiera permitido algún tipo de excepción humanitaria, según la querella.
Durante el juicio
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Declararon exministros, directores del COE, personal sanitario, policías y otros funcionarios para exponer cómo se aplicaban los protocolos durante la pandemia en Córdoba.
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Se discutieron temas como:
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Si existían o si fueron aplicadas las excepciones humanitarias previstas en protocolos para casos extremos como el de enfermedad terminal.
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Si los protocolos entonces vigentes eran demasiado rígidos o mal interpretados.
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Los test rápidos con falso resultado y si hubo obligación de permitir una revisión del estado real de salud del padre, dadas las circunstancias.
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Lo que se espera hoy
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Este lunes se realizarán los alegatos finales de la querella y las defensas.
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Luego, el jurado popular dará a conocer el veredicto: si consideran culpables o no a los acusados.
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En caso de condena, podría aplicarse el concepto de violencia institucional, lo que abriría la posibilidad de implicar a otros funcionarios que actuaron durante la pandemia.
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