El Gobierno nacional fijó como objetivo aprobar su proyecto de reforma laboral durante las sesiones extraordinarias del 10 al 30 de diciembre, impulsando lo que denomina “modernización laboral”.

A pesar de contar con un Congreso más favorable, La Libertad Avanza necesita acuerdos con aliados y gobernadores para garantizar la mayoría.

El proyecto —que circuló en versiones del Ministerio de Economía y de la Secretaría de Trabajo— incluye cambios en el sistema de indemnizaciones, juicios laborales y multas por empleo no registrado.

Mientras diputados oficialistas y opositores analizan el borrador con cautela, parte de la UCR, como Lisandro Nieri, adelantó su apoyo condicionado a un “estudio minucioso”. El Gobierno buscará aprobar el proyecto en diciembre o, al menos, obtener media sanción del Senado, donde la iniciativa sería presentada por Patricia Bullrich, quien presidiría la Comisión de Trabajo durante el debate.

Por su parte, Unión por la Patria define una posición de rechazo frontal, al considerar que el proyecto es una reedición del DNU 70/23, declarado inconstitucional. Sus principales objeciones incluyen la eliminación de multas por empleo informal, la retención de aportes sindicales y la falta de garantías para el trabajo en plataformas digitales.

Como contrapropuesta, el peronismo impulsa dos ejes centrales:

• Reducción de la jornada laboral, retomando proyectos ya presentados.

• Nueva legislación para el trabajo mediado por tecnología, incluyendo derecho a la desconexión digital, prevención de accidentes y cobertura para monotributistas.

Además, sostiene que cualquier reforma debe ir acompañada por un incremento del salario mínimo, en el marco de los “aumentos salariales dinámicos” fijados por decreto por el Ejecutivo.