Lo que señala como logros / avances

• Ajuste fiscal / equilibrio de las cuentas públicas

• Su gobierno logró reducir el gasto público consolidado provincial al 28,1% del Producto Bruto Geográfico (PBG) en 2024 (desde 35,9% en 2023), una caída de 7,8 puntos porcentuales. 

• Esa reducción fue superior a la realizada por el gobierno nacional, según datos del IARAF (Instituto Argentino de Análisis Fiscal). 

• Como resultado, Córdoba cerró 2024 con un superávit fiscal — según declaraciones oficiales. 

• A su criterio, lograron mantener este ajuste “sin recortar obra pública ni inversión social”. 

• Apoyo a jubilados / políticas sociales (al menos parcial)

• En 2025 anunció un aumento del haber mínimo jubilatorio del 84 %, de $380.000 a $700.000.

• Además, implementó un bono bimestral de $100 000 para jubilados que cobran hasta $1.300.000. 

• Con estas medidas, buscó aliviar el impacto de la crisis económica, al menos sobre los sectores más vulnerables. 

• Inserción de un “modelo de gestión” con énfasis en austeridad + infraestructura / obra pública

• En su discurso, Llaryora define su gestión como un “modelo Córdoba” que busca balancear “mercado y Estado”: sostener inversión en infraestructura, obra pública y programas sociales mientras cuida las cuentas públicas. 

• Ese equilibrio es central a su narrativa política: ajustar el gasto, pero sin abandonar servicios esenciales, obra pública ni protección social. 

• Fortalecimiento del sector cooperativo / mutualista

• Su gobierno destinó aportes por más de $1.158 millones a cooperativas y mutuales de 18 departamentos de la provincia, buscando consolidar la economía social, infraestructura y generar empleo.

• Según sus declaraciones, esto forma parte de su visión de “tanto Estado como sea necesario y tanto cooperativismo/mutualismo como sea posible”. 

Problemas, críticas y desafíos — lo que aún le falta resolver o donde hay disconformidad

• Imagen pública y percepción ciudadana algo deteriorada

• A los cinco meses de asumir (mayo 2024), su imagen negativa había subido un 8 %, pasando del 32,4 % al 40,2 

• Si bien mantenía una imagen relativamente positiva (alrededor del 57–58 %), hay una tendencia a la baja. 

• En una encuesta de abril-mayo 2025, un 55 % calificó su gestión como “positiva”, mientras un 39 % la juzgó “negativa”. 

• Fragilidad del contexto económico: inflación nacional, recesión, desempleo en alza

• En su balance tras un año de gestión, Llaryora reconoció que Córdoba no fue ajena a “un año muy difícil para todos” y que hubo “transferencias cero desde Nación en gran parte de 2024”. 

• Eso limita lo que su gobierno puede hacer: aunque hubo esfuerzos sociales, la mejora en el poder adquisitivo de los ciudadanos sigue condicionada por la inflación y crisis nacional.

• Dependencia parcial de fondos nacionales para cubrir jubilaciones y sistema previsional

• El aumento jubilatorio y bono fue posible tras un acuerdo judicial/intervención del Estado nacional en la deuda con la caja previsional cordobesa. 

• Por ende, la sostenibilidad de estas mejoras depende del flujo de fondos nacionales, lo que deja incertidumbre. 

• Expectativas vs ritmo de ejecución: la mejora social aún no se siente fuerte en muchos sectores

• Más allá de medidas puntuales (jubilaciones, cooperativas, ajuste fiscal), muchos ciudadanos pueden seguir percibiendo efectos de la crisis (desempleo, inflación, caída de ingresos reales), lo que puede limitar el impacto real de sus políticas.

• Su gestión todavía debe consolidar resultados en áreas clave: empleo, desarrollo productivo, seguridad, calidad de servicios sociales.

Qué significa esto para Córdoba — un balance con matices

En resumen: la gestión de Llaryora logra equilibrar cuentas en un contexto adverso, con una reducción real del gasto público y mantenimiento de superávit — lo que constituye un logro a nivel macroeconómico. Además, hay medidas sociales concretas (jubilaciones, apoyo a cooperativas) y gestos de solidaridad.

Pero esos avances conviven con una situación nacional muy complicada (inflación, desempleo, recesión), lo que limita el impacto real en la mayoría de los hogares. La percepción ciudadana ya evidencia algunas dudas: la imagen positiva disminuye, y una porción importante de la población evalúa críticamente su gestión.

Por lo tanto: se puede decir que su arranque fue prudente y “ordenador” (buscar saneamiento fiscal, cuidar las finanzas, apuntalar lo social), pero el desafío más duro es lograr impacto social real, sostenido y perceptible por amplios sectores de la población.