El Jurado de Enjuiciamiento de Córdoba se reunió ayer para analizar la situación de los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro, en el marco del proceso por presunto mal desempeño en la investigación del crimen de Nora Dalmasso, ocurrido en 2006 en Río Cuarto.

Encabezado por la legisladora Julieta Rinaldi, el cuerpo resolvió otorgar un plazo de seis días hábiles a los magistrados para que presenten sus descargos, en cumplimiento del derecho a defensa.

Tras esa instancia, el Tribunal evaluará las presentaciones y emitirá una resolución sobre la apertura o no del juicio político, lo que podría definirse en diciembre, según estimaron fuentes judiciales.

Si el jury es admitido, se procederá a la acusación formal por parte del fiscal y a la realización del juicio político, que debe resolverse en un plazo máximo de cuatro meses, pudiendo derivar en la destitución o absolución de los implicados.

Los fiscales enfrentan acusaciones impulsadas por la familia Macarrón, quienes denuncian irregularidades en el manejo de la causa Dalmasso, un expediente que, a casi 19 años del crimen, continúa sin resolverse y sigue generando repercusiones en el ámbito judicial cordobés.

La Constitución provincial, en su artículo 154, establece que los magistrados sólo pueden ser removidos por mal desempeño, negligencia grave, desconocimiento inexcusable del derecho, morosidad, comisión de delitos o inhabilidad física o psíquica.

A su vez, la Ley 7956 dispone que el Jurado de Enjuiciamiento esté integrado por un vocal del Tribunal Superior de Justicia y cuatro legisladores, dos por la mayoría y dos por la minoría.