Clara Chain Cuadros de Baró denuncia irregularidades y pide que se suspenda la medida

La discusión en torno al cobro por el recambio de luminarias LED instaurado por la Municipalidad de Marcos Juárez continúa escalando y genera preocupación entre un número importante de vecinos. Lo que comenzó como un trámite administrativo terminó convirtiéndose en un debate profundo sobre transparencia, legalidad y representatividad.

En ese escenario, la exconcejal Clara Chain Cuadros de Baró emerge como una de las principales voces críticas, impulsando una nota de oposición que ya reúne centenares de firmas en el Concejo Deliberante.

Una obra discutida desde su definición

El primer punto de controversia es la naturaleza misma de la intervención municipal. Mientras el Ejecutivo la presenta como una obra pública, Chain y un amplio grupo de vecinos sostienen que se trató únicamente de un recambio de lámparas, insuficiente para ser calificado como obra y, por lo tanto, impropio de ser cobrado bajo ese concepto.

Para la exconcejal, la decisión municipal no solo es incorrecta en su denominación, sino también en su forma de implementación administrativa. Entre las observaciones más señaladas, destaca que la ordenanza aprobada carece de elementos que deberían ser obligatorios en cualquier obra: los costos detallados, la metodología del cálculo del monto y el cumplimiento de los procedimientos establecidos en la Carta Orgánica.

La cifra establecida por el municipio, 10.000 pesos por metro lineal, generó inmediatamente rechazo, no solo por su magnitud sino por la falta de una explicación pública, técnica y documentada.

Un costo sin sustento visible

Uno de los cuestionamientos centrales es la ausencia total de documentación pública que justifique el monto exigido. No se conoce oficialmente cuánto costaron las luminarias adquiridas en 2019, ni las posteriores reposiciones o ampliaciones. Tampoco fueron expuestos informes técnicos de costos ni comparativas de mercado.

Chain resume este vacío informativo con una observación que se volvió eje del debate:

“La ordenanza habla de que es obligatorio pagar, pero no explica cómo se llegó al monto.”

Esta falta de sustento administrativo alimentó el malestar ciudadano y el reclamo por mayor claridad. Para la exconcejal, el municipio podría resolver el conflicto simplemente exhibiendo la documentación correspondiente y recalculando el valor real de la intervención.

El verdadero alcance: miles de vecinos afectados

Otro aspecto que elevó la tensión fue la diferencia entre la cifra comunicada oficialmente y la realidad estimada por la entrevistada. Mientras la intendenta aseguró públicamente que la medida alcanzaba a unos 600 vecinos, la estimación de Chain sitúa el impacto en un número mucho mayor: entre 3.500 y 3.800 contribuyentes.

La diferencia no es menor y, según Chain, genera un problema de confianza:

“Si se comunica un número erróneo en esto, ¿qué otras cosas pueden estar siendo comunicadas de manera incorrecta?”

Para la exconcejal, esta disonancia explica en parte la rápida movilización de la comunidad, que comenzó a acercarse voluntariamente al Concejo Deliberante para firmar la nota de oposición.

Una movilización ciudadana espontánea

Un elemento destacable del proceso es que la participación ciudadana se dio de manera completamente autónoma, sin estructura partidaria detrás. Los vecinos se movilizaron por iniciativa propia, motivados por la necesidad de defender sus derechos y por la sensación de falta de claridad en la decisión municipal.

Chain interpreta este movimiento como un síntoma claro del desgaste en la relación entre el Ejecutivo y la comunidad, y destaca la actitud de los vecinos:

“El ciudadano se molestó en ir a firmar porque quiere sus derechos.”

Según su lectura, la gente no se sintió escuchada en instancias como la audiencia pública ni contenida por las explicaciones oficiales.

Las limitaciones del ciudadano frente al sistema local

En la entrevista, Chain reflexionó también sobre las dificultades que tiene cualquier ciudadano para defenderse formalmente ante decisiones municipales. La Carta Orgánica exige el pronunciamiento del 50 por ciento del padrón electoral para frenar una obra, un requisito que en la práctica resulta casi imposible de cumplir.

Esto deja a la ciudadanía con herramientas muy limitadas para frenar decisiones que considera injustas.

En este contexto, el foco de responsabilidad recae sobre el Concejo Deliberante, que en los próximos días deberá decidir si deroga la ordenanza, si suspende temporalmente el cobro o si ratifica la medida vigente.

El rol del Concejo y la discusión sobre la representación

Chain fue particularmente crítica con la conducta del bloque oficialista, que posee mayoría propia. Para ella, este esquema de funcionamiento facilita la aprobación automática de las iniciativas del Ejecutivo, sin dar lugar a un análisis profundo ni a una discusión abierta.

“Los concejales deben representar a la ciudadanía, no solo refrendar lo que decide la intendenta.”

Con esta frase, la exconcejal sintetiza su preocupación por lo que considera una pérdida de la función deliberativa del cuerpo legislativo y un deterioro del vínculo entre representantes y representados.

¿Existe margen para una solución razonable?

Pese al escenario tenso, Chain considera que sí existen alternativas. La más sensata, según ella, sería suspender momentáneamente el cobro, revisar la documentación correspondiente, recalcular los costos reales y emitir nuevos cedulones. Estima que ese proceso podría resolverse en pocos días si existiera voluntad política.

Sin embargo, sostiene que el Ejecutivo parece decidido a avanzar sin modificaciones, lo que no solo profundiza el conflicto actual, sino que podría tener consecuencias electorales en el futuro inmediato.

“El año que viene es electoral, y la gente no se va a olvidar.”

Para Chain, el trasfondo de la decisión tiene que ver con la necesidad del municipio de obtener recursos extraordinarios, situación que —a su entender— sugiere problemas financieros que no han sido plenamente informados.

Un cierre que mira a la ciudadanía

La exconcejal finalizó agradeciendo el apoyo y la participación de los vecinos que firmaron la nota de oposición. Destacó que el gesto no se mide en cantidad de firmas, sino en el compromiso cívico demostrado.

Según Chain, la movilización ciudadana dejó algo en claro: la comunidad exige información precisa, decisiones transparentes y representantes que actúen en consonancia con los intereses de la ciudadanía. Y ese debate, más allá de lo que ocurra esta semana en el Concejo, ya se instaló de manera definitiva en Marcos Juárez.