Córdoba decidió en 2026 intervenir de manera directa sobre el Impuesto Inmobiliario Urbano con un esquema que combina alivio fiscal concreto, previsibilidad y un mensaje político claro.

El impacto para las arcas provinciales no es menor: la aplicación del descuento automático del 25% implica resignar más de $ 11.000 millones en recaudación, según estimaciones oficiales.

Aun así, el Gobierno avanzó con la medida con un dato central como respaldo: más del 50% de los inmuebles urbanos pagará este año menos o lo mismo que en 2025, incluso antes de considerar el efecto de la inflación.

El corazón del esquema es un beneficio directo y sin trámites. Los propietarios de vivienda única con valuaciones fiscales de hasta $ 124 millones acceden automáticamente a un descuento del 25%, que se refleja de forma inmediata en la boleta del impuesto.

No hay formularios ni condiciones ocultas: el beneficio apunta deliberadamente al núcleo del padrón urbano y excluye a los inmuebles de mayor valuación, concentrando el alivio en los sectores medios y medios bajos.

Ese recorte se potencia con incentivos que la Provincia ya venía aplicando. El 30% de descuento por contribuyente cumplidor y el 15% por pago anual continúan vigentes y son acumulables.

En la práctica, quienes reúnen todos los requisitos pueden terminar pagando sensiblemente menos que el año pasado, incluso sin ajustar por inflación, algo poco habitual en la dinámica tributaria argentina.

A este esquema de descuentos se suma un segundo elemento clave: los topes de actualización.

Para 2026, el Impuesto Inmobiliario Urbano tendrá un aumento máximo del 28,3%, mientras que el Rural quedará limitado al 29,7%.

En un contexto inflacionario que corre por encima de esos porcentajes, el impuesto no solo sube por debajo de los precios, sino que pierde peso real en el ingreso de los contribuyentes que acceden a los beneficios.

El movimiento adquiere mayor relevancia si se observa el rol del tributo en las cuentas públicas.

De acuerdo con datos de Rentas Córdoba, en 2025 el Impuesto Inmobiliario explicó el 11% de la recaudación provincial, frente al 7% del año anterior, consolidándose como el segundo impuesto más importante, aunque todavía muy lejos de Ingresos Brutos, que concentró el 70% de los ingresos.

En ese contexto, resignar recursos no es un gesto menor.

El alivio, sin embargo, no es universal. No todos los contribuyentes califican para los mayores descuentos, pero incluso para quienes quedan afuera, el esquema evita saltos bruscos y aporta previsibilidad, un activo escaso en la política tributaria nacional.

A eso se suma la continuidad de exenciones para jubilados, pensionados y beneficiarios sociales, junto con facilidades de pago que apuntan a sostener el cumplimiento: el 10 de febrero vence el pago anual y la primera cuota, con la posibilidad de financiar en hasta seis cuotas sin interés con tarjeta Cordobesa.

En el caso del Impuesto Inmobiliario Rural, el enfoque es claramente productivo.

La actualización también queda por debajo de la inflación, con un tope del 29,6%, y se sostiene un esquema de incentivos que incluye un 30% de descuento para contribuyentes cumplidores, más un 5% adicional para productores y otro 5% para quienes acreditan buenas prácticas agropecuarias.

Desde la Provincia destacan que el 98% de lo recaudado por este impuesto vuelve directamente al sector agropecuario, reforzando la lógica de reinversión.

El Impuesto Automotor completa el cuadro con una dinámica distinta. En Córdoba hay 1.664.697 dominios, pero el 65% está exento por antigüedad, beneficios sociales u otros regímenes.

En la práctica, solo 572.909 vehículos tributan. De ese universo, el 70% paga menos de $ 16.000 por mes y la actualización promedio fue del 14,91%, muy por debajo de la inflación.

El dato confirma la estrategia general: contener la presión en los impuestos patrimoniales y evitar que se transformen en un factor adicional de ajuste sobre familias y sectores productivos.

En conjunto, el paquete fiscal 2026 muestra una señal clara del Gobierno cordobés: resignar recursos en el corto plazo para sostener alivio, previsibilidad y cumplimiento, en un contexto económico donde cada punto de presión tributaria adicional tiene impacto directo en el bolsillo y en la actividad.