A tres décadas de las explosiones intencionales de la Fábrica Militar de Río Tercero (Córdoba), una tragedia que causó siete muertes y dejó más de 300 heridos, cientos de damnificados continúan esperando el pago de las indemnizaciones establecidas por ley. La justicia concluyó que las tres detonaciones de 1995 fueron un atentado destinado a encubrir el contrabando de material bélico.

El 3 de noviembre de 1995, a las 8:55 de la mañana, se desató la primera de las tres detonaciones que desencadenaron la tragedia en la ciudad cordobesa. Las dos iniciales se produjeron en la planta de descarga, y la tercera y más importante, tuvo lugar en el depósito de expedición y suministros.

Este proceso provocó que miles de proyectiles acumulados se esparcieran por los barrios de Escuela, Las Violetas, Libertador y Cerino, causando destrozos y daños personales a la población civil.

La intencionalidad detrás del siniestro

La investigación judicial determinó que el evento no fue un accidente, sino un hecho intencional con un objetivo claro: encubrir un faltante de material bélico que había sido enviado por contrabando a Ecuador y Croacia.

En base a testimonios de los empleados, se estableció que la noche anterior al estrago hubo personas no identificadas que ingresaron a las instalaciones para "acondicionar los elementos iniciadores del fuego, como asimismo disponer los detonadores y reforzadores necesarios" para las letales explosiones.

Otra prueba clave de la intencionalidad fue la direccionalidad de las ondas expansivas, las cuales se dirigieron específicamente hacia el sur y el este, donde se encontraba el personal y el polo petroquímico de la ciudad.

A pesar de la contundencia de las pruebas, el entonces presidente Carlos Saúl Menem se hizo presente en Río Tercero a las 17:00 de ese día, afirmando en conferencia de prensa que el suceso era producto de "un accidente" y les recordó a los periodistas la obligación de “difundir esa palabra”.

Años más tarde, Menem iba a ser juzgado en los tribunales federales de Córdoba por su presunta responsabilidad en ordenar la ejecución de las explosiones, pero falleció en febrero de 2021 sin haber sido juzgado.

Justicia pendiente y la lucha de las víctimas

La búsqueda de la verdad fue impulsada por figuras como la abogada Ana Gritti, cuyo esposo, Hoder Dalmasso, se encontraba entre los fallecidos. Gritti, antes de fallecer, expresó una de las frases que marcó la causa: “Si la justicia llega después de mucho tiempo, ya no es justicia”.

En esta línea, el abogado querellante Horacio Viqueira, representante de las hijas de Gritti y Dalmasso, señaló que la explosión fue un hecho de “una gran gravedad en el que hubo responsabilidades políticas que todavía debemos determinar.” Además, indicó que “Hubo una estructura de poder que estuvo detrás de esas explosiones y eso es lo que determinó la justicia”.

Demoras en el pago de indemnizaciones

La Ley 27.179, sancionada en 2015, estableció el pago de indemnizaciones por daños morales, psicológicos y materiales. Centenares de víctimas aún esperan recibir estos fondos.

Aunque se ha llegado a un acuerdo judicial entre el Estado nacional y los damnificados para el pago, la implementación presenta severas demoras. En octubre de 2025, por ejemplo, se informó que de 8.000 reclamos solo se habían pagado 196 casos hasta ese momento, a pesar de que el Gobierno nacional está “reordenando” los expedientes.

Como parte del reclamo de transparencia, la Legislatura de la Provincia de Córdoba aprobó una resolución el 14 de abril de 2025 para que se desclasifiquen todos los expedientes vinculados a la causa.

Los damnificados y sus representantes continúan reclamando que se cumpla el acuerdo, se clarifiquen los expedientes, se identifique totalmente a los responsables y se traduzca en pagos reales, dado que las causas penales vinculadas a los principales responsables están prácticamente cerradas.