El legislador cordobés Carlos “Cali” Carignano expuso un diagnóstico tan concreto como inquietante: si bien se registran avances, la inclusión en la provincia continúa siendo insuficiente y requiere decisiones políticas más firmes y rápidas.

Carignano, que preside la Comisión de Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad, participó de una reunión de presupuesto poco antes de la entrevista, y señaló que la discusión dejó a la vista una realidad persistente: la inclusión educativa, especialmente en las escuelas de nivel, sigue mostrando grandes brechas.

“Falta mucho”, resumió, y subrayó que los tiempos deben acelerarse si se pretende que los derechos establecidos por ley se materialicen en la vida cotidiana.

Una estadística que preocupa: los que no figuran

El legislador reveló una dificultad estructural: incluso el Estado desconoce con precisión cuántas personas con discapacidad hay en el territorio provincial.

En el departamento Marcos Juárez, por ejemplo, se registran 2.200 personas con Certificado Único de Discapacidad, de las cuales 1.200 están en la ciudad cabecera. Sin embargo, él mismo admitió que la cifra real es mayor, porque muchos no gestionan el certificado o se desalientan en el trámite.

Para Carignano, la falta de registro implica una primera forma de exclusión, porque impide planificar políticas consistentes.

La discapacidad como inversión y no como gasto

Uno de los ejes más fuertes del legislador es el económico: sostiene que acompañar a una persona con discapacidad desde la infancia hasta su formación laboral no es un gasto, sino una inversión, porque si logra insertarse en el empleo formal “va a aportar al Estado en lugar de depender de una pensión”.

La idea, insiste, requiere un cambio cultural y político, especialmente en contextos de ajuste presupuestario donde muchos derechos suelen degradarse a la condición de “costo”.

Carignano recordó un dato significativo: el 17% de la población argentina tiene algún tipo de discapacidad, y el resto no está exento de adquirir una por enfermedad, accidente o envejecimiento. Según dijo, asumir esa vulnerabilidad compartida debería modificar la mirada social.

Barreras visibles y barreras que no se ven

El diagnóstico fue contundente: la sociedad todavía “mira para otro lado”. Las barreras arquitectónicas existen —falta de rampas, accesibilidad limitada, señalización incompleta—, pero las más difíciles de remover son las barreras actitudinales: la incomodidad, el desconocimiento y el miedo a interactuar con personas con discapacidad.

Para Carignano, hablar desde la teoría no alcanza, por eso tomó decisiones concretas en su propio entorno laboral. Su oficina está integrada por tres personas, de las cuales dos tienen discapacidad: una persona ciega que opera computadoras y otra que cursa Relaciones Internacionales.

Sus ejemplos buscan desmontar prejuicios y demostrar que la productividad no está condicionada por la discapacidad sino por las oportunidades.

Cuando la accesibilidad falla donde no debería

La falta de planificación también aparece en lugares donde debería existir por norma: mencionó que incluso la Legislatura, un edificio nuevo, carecía de señalización en sistema Braille. Para el legislador, estos descuidos evidencian que la inclusión no está internalizada como un requisito sino como un trámite secundario.

En el mismo sentido, reclamó espacios accesibles en espectáculos y eventos masivos. Con el dato del último censo —400.000 personas con discapacidad en la provincia—, señaló que en una sala de mil personas deberían verse unas cien personas con discapacidad, algo que hoy “no sucede” porque los entornos no están preparados ni las actitudes acompañan.

El ejemplo que vino del fútbol

Carignano destacó un caso que, según él, debería multiplicarse: la cabina sensorial para personas con autismo que el club Instituto instaló en su estadio. Se trata de un espacio económico, adaptado a partir de un palco existente, que ya permitió la participación de más de 150 personas. No fue una obra costosa, sino un cambio de mentalidad.

Ese, afirmó, es el tipo de iniciativa que demuestra que la inclusión es posible con pocos recursos cuando hay voluntad institucional.

El valor del trabajo como inclusión real

Una parte central de la conversación estuvo dedicada al CECAL, institución de Marcos Juárez que emplea a 70 personas. Carignano insistió en que la clave no es comprar sus productos “para ayudar”, sino porque tienen calidad. La inclusión se materializa cuando quienes producen no son vistos como personas con discapacidad, sino como operarios.

Recordó que sin esa estructura laboral muchas de esas personas estarían aisladas en sus casas, con mayores costos para el sistema de salud y menos posibilidades de autonomía.

Un mensaje final y un llamado a mirarnos

Carignano agradeció el rol de los medios y pidió pensar la discapacidad desde un principio básico: todos tenemos derecho a una vida digna e integrada, y todos podemos necesitar inclusión en algún momento de la vida.

La Semana de las Personas con Discapacidad, afirmó, debe servir para revisar no solo políticas públicas, sino también conductas individuales. La accesibilidad empieza en las normas, pero se completa en la actitud cotidiana de cada ciudadano.