La discusión por la reforma laboral volvió a instalar en el centro del debate un dato que enciende alarmas dentro del sistema de riesgos del trabajo: en 2025 ingresaron 134.141 nuevos juicios en todo el país y más del 70% de esas demandas se concentraron en apenas tres jurisdicciones.

Según un informe de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), el 73% de la litigiosidad se acumuló en la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Santa Fe, distritos que si bien reúnen el 61% de los trabajadores registrados del país, explican casi tres de cada cuatro pleitos por accidentes laborales.

El nivel de conflictividad judicial alcanzó en 2025 las 132,8 demandas cada 10.000 trabajadores cubiertos, una cifra que refleja una presión creciente sobre el sistema.

La litigiosidad aumentó 6,4% interanual, pese a que —según la propia UART— los siniestros laborales se redujeron un 55% en los últimos años, los fallecimientos descendieron un 80% y la cobertura se amplió de manera sustantiva. Allí surge la primera gran paradoja que exponen las aseguradoras: menos accidentes y mayor protección conviven con un volumen de juicios en expansión y desproporcionado.

El contraste internacional refuerza esa percepción. Mientras Argentina registra 132,8 juicios cada 10.000 trabajadores, Chile presenta 5,8 y España 8,5.

En términos comparativos, la litigiosidad local resulta 2200% superior a la chilena y 1500% mayor que la española, aun cuando el sistema argentino se encuentra formalmente alineado con estándares internacionales en materia de prevención y cobertura integral.

La desproporción se profundiza al analizar los índices provinciales. Santa Fe encabeza el ranking con 296 juicios cada 10.000 trabajadores, seguida por Mendoza con 208, provincia de Buenos Aires con 159, Córdoba con 127 y CABA con 113.

Estos números muestran que el fenómeno no responde únicamente al tamaño del mercado laboral sino a distorsiones estructurales que, según especialistas del sector, se vinculan principalmente con el funcionamiento de las pericias médicas judiciales.

La Ley 27.348 intentó ordenar el sistema estableciendo un mecanismo previo obligatorio ante comisiones médicas y reglas más claras para las pericias, con el objetivo de reducir la litigiosidad y profesionalizar el proceso. Sin embargo, a casi nueve años de su sanción, su implementación plena continúa siendo dispar en varias provincias.

El esquema vigente en muchos distritos mantiene un sistema de peritos que perciben honorarios proporcionales al monto del juicio —es decir, al valor que ellos mismos determinan— lo que genera incentivos económicos que pueden distorsionar las evaluaciones y alimentar la judicialización.

En este contexto, el Gobierno impulsa una nueva reforma laboral con el objetivo de reducir la conflictividad, dar mayor previsibilidad a las empresas y contener el costo creciente de las indemnizaciones.

La concentración geográfica de los juicios y la brecha frente a estándares internacionales se han convertido en argumentos centrales para promover cambios que, según sus defensores, buscan corregir desbalances estructurales sin afectar la protección de los trabajadores.

El desafío, no obstante, radica en compatibilizar seguridad jurídica, sustentabilidad del sistema y garantías efectivas para quienes sufren accidentes laborales en un escenario donde las cifras evidencian tensiones profundas entre prevención, cobertura y litigiosidad.