Análisis jurídico del fallo y la apelación en la causa Dalmasso (caso Barzola)

1. Contexto procesal

El fallo de la Cámara de Río Cuarto declaró el sobreseimiento total de Roberto Marcos Barzola en la causa por el crimen de Nora Dalmasso, ocurrido en noviembre de 2006.
El motivo: prescripción de la acción penal, al haber transcurrido más de 18 años desde el hecho sin sentencia firme ni actos interruptivos válidos.

La querella, representada por Mariángeles Mussolini, anunció un recurso de casación ante el TSJ de Córdoba, cuestionando la validez del cómputo de prescripción y el alcance de los derechos de las víctimas frente a la garantía de plazo razonable del imputado.

2. Fundamento del fallo: prescripción de la acción penal

 Base normativa

El tribunal fundó su decisión en el artículo 62, inciso 2, del Código Penal argentino, que establece que el plazo de prescripción para los delitos con una pena máxima superior a 6 años e inferior a 12 es de 15 años.
El artículo 67 del mismo cuerpo legal dispone que la prescripción se interrumpe únicamente por la comisión de otro delito o por actos procesales relevantes que impliquen avance en la persecución penal.

Aplicación al caso

Los jueces concluyeron que:

• Desde la medianoche del hecho (noviembre de 2006) hasta la fecha actual (2025) transcurrieron casi 19 años.

• No se acreditó ningún acto interruptivo de la prescripción atribuible a Barzola.

• En consecuencia, la acción penal se extinguió de pleno derecho, por lo que correspondía el sobreseimiento total y definitivo (art. 336 inc. 6° CPPN).

Naturaleza de la decisión

El sobreseimiento por prescripción tiene efectos equivalentes a una sentencia absolutoria, cierra definitivamente la persecución penal y no permite reabrir la causa respecto del imputado, salvo nulidad o revocación por instancia superior.

3. Argumentos de la apelación de la querella

La abogada Mussolini anunció que recurrirá la decisión ante el TSJ mediante recurso de casación, con base en tres ejes principales:

1. Cuestionamiento del cómputo del plazo: la querella podría alegar que existieron actos interruptivos (diligencias judiciales, indagatorias, pruebas, etc.) que no fueron debidamente valorados.

2. Perspectiva de género: se argumenta que, al haber sido reconocida Nora Dalmasso como víctima de violencia de género, la investigación debe observar estándares reforzados de debida diligencia (Convención de Belém do Pará, CEDAW), lo que puede influir en la interpretación de la prescripción.

3. Derecho a la verdad y a la justicia: se invocará el principio de proporcionalidad entre el derecho del imputado al plazo razonable y el derecho de las víctimas y la sociedad a conocer la verdad en casos de violencia contra la mujer.

4. Tensión de derechos en juego

El TSJ deberá ponderar ambos planos:

• Si corresponde aplicar la prescripción en forma estricta, conforme al principio de legalidad.

• O si el caso requiere una interpretación ampliada que permita continuar la investigación por razones de interés público o violación de derechos humanos.

5. Probabilidades y efectos jurídicos

 Si el TSJ confirma el fallo:

• La prescripción quedará firme.

• Barzola quedará definitivamente desvinculado de la causa.

• El proceso penal por el crimen de Dalmasso quedaría cerrado sin condenas.

Si el TSJ revoca el fallo:

• El sobreseimiento podría ser anulado, ordenando reanudar la investigación.

• Debería demostrarse que hubo actos interruptivos válidos o que la aplicación automática de la prescripción vulnera el derecho a la verdad en un contexto de violencia de género.

Conclusión

El fallo plantea una colisión jurídica clásica:

• entre la seguridad jurídica y la prescripción como límite al poder punitivo del Estado,

• y el deber de investigar con debida diligencia los crímenes que involucran violencia de género y vulneración de derechos humanos.

La resolución del TSJ de Córdoba será relevante no solo para el caso Dalmasso, sino también como precedente sobre los alcances de la prescripción penal en contextos de violencia de género, un terreno donde el derecho argentino aún busca equilibrio entre la garantía individual y la obligación estatal de justicia.