A casi medio siglo de los crímenes cometidos durante la última dictadura militar, la Justicia federal logró identificar los restos de doce personas detenidas, secuestradas y desaparecidas, hallados en excavaciones realizadas en el predio militar donde funcionó el centro clandestino de detención La Perla, uno de los mayores espacios de represión ilegal del país.

El avance fue confirmado a Puntal por el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja, a cargo del Juzgado Federal N°3 de Córdoba, quien explicó que las identificaciones se lograron tras el análisis antropológico y genético realizado por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) sobre restos óseos recuperados durante excavaciones realizadas en 2025.

Los trabajos se desarrollaron en la zona conocida como Loma del Torito, un sector que desde hace años era señalado por investigadores y testimonios judiciales como un posible sitio de enterramientos clandestinos.

El proceso de identificación se basó en la comparación genética entre los restos recuperados en el lugar y las muestras de sangre aportadas por familiares de personas desaparecidas. Según indicó el juez, el resultado del análisis alcanza un nivel de compatibilidad del 99,99%, lo que permite establecer con certeza la identidad de las víctimas.

“Esto nos permite afirmar que se trata de personas que fueron secuestradas y desaparecidas durante la época de la dictadura”, señaló Vaca Narvaja.

Las excavaciones en Loma del Torito permitieron recuperar fragmentos óseos humanos aislados y mezclados, una situación que, según explicó el magistrado, está relacionada con maniobras realizadas durante la dictadura para ocultar o remover evidencias.

“Los restos se han encontrado de esta manera porque por el lugar pasaron palas excavadoras”, indicó el juez.

De acuerdo con las hipótesis surgidas de la investigación judicial y de testimonios incorporados en distintas causas, en ese sector habrían existido fosas donde se enterraban los cuerpos de personas asesinadas en el centro clandestino.

Los trabajos de excavación fueron dirigidos por el EAAF y contaron con la colaboración de especialistas del Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de Córdoba, de la Universidad Nacional de Río Cuarto, así como también de la Municipalidad de Córdoba y el Gobierno de la Provincia.

Tras confirmarse las identificaciones, el juzgado federal inició el proceso de notificación a los familiares, un paso que se realiza con especial cuidado debido al impacto emocional que implica.

Según explicó el juez, las primeras comunicaciones ya comenzaron.

“Ya hemos notificado a dos o tres familias”, indicó.

El proceso presenta dificultades propias del paso del tiempo: han transcurrido casi 50 años desde los hechos, mientras que muchas de las muestras de ADN utilizadas para el cotejo fueron aportadas por familiares entre dos y tres décadas atrás.

Por ese motivo, equipos del juzgado se encuentran recorriendo distintos domicilios para informar personalmente los resultados.

El magistrado explicó que el tribunal diseñó un abordaje específico para comunicar estas noticias, que incluye acompañamiento profesional para asistir a las familias.

“Imaginate que termina una incertidumbre de 50 años”, expresó.

Las identidades de las personas identificadas no serán difundidas públicamente hasta que el proceso de notificación esté completo y las familias autoricen la difusión de los nombres.

Según explicó el juez, continúan realizándose estudios genéticos sobre otros fragmentos hallados durante las excavaciones, por lo que no se descarta que puedan producirse nuevas identificaciones.

Además, está previsto que el EAAF retome durante este año las tareas de prospección y excavación en Loma del Torito. La próxima campaña comenzaría en abril y se extendería hasta septiembre.

Después de décadas de búsqueda, el hallazgo y la identificación de estas doce personas vuelve a demostrar que el trabajo judicial y científico continúa avanzando para esclarecer el destino de quienes permanecieron desaparecidos y para ofrecer respuestas a sus familias.

Para Vaca Narvaja, la identificación de los restos representa un avance significativo en el proceso de reconstrucción de la verdad sobre los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado.

“Estos hallazgos nos permiten concluir con uno de los resabios más nefastos del terrorismo de Estado, que es la incertidumbre sobre los desaparecidos”, afirmó.

El magistrado sostuvo además que las investigaciones judiciales desarrolladas por décadas han permitido establecer con claridad lo ocurrido durante la dictadura.

En un contexto en el que, en el debate público, reaparecieron versiones sobre un eventual indulto a militares condenados por crímenes de la dictadura, el magistrado recordó que los hechos ya fueron investigados y juzgados por la Justicia argentina.

“Se han llevado adelante juicios con pruebas, testigos y con personas condenadas, a las que se les respetaron todas las garantías de defensa”, señaló.

“El que quiera negar algo de lo que sucedió, solamente puede hacerlo en base a la ignorancia o a la complicidad. No hay otra alternativa”.