El Gobierno de Córdoba dio a conocer este viernes los ejes centrales del Presupuesto 2026, definido por el propio gobernador Martín Llaryora como un “Plan histórico de reducción de impuesto”.

La presentación, previa a la conferencia detallada del ministro de Economía, Guillermo Acosta, puso el foco en una decisión que marcará el nuevo esquema fiscal: la Provincia dejará de recaudar alrededor de 900.000 millones de pesos el próximo año, una señal explícita de la intención oficial de aliviar la carga sobre los contribuyentes y estimular la actividad económica.

Uno de los puntos más relevantes del anuncio es el Impuesto Inmobiliario Urbano. Según informó Llaryora, ningún contribuyente enfrentará aumentos en términos reales durante 2026.

Esto significa que, como máximo, las actualizaciones acompañarán el índice de inflación estimado —en torno al 29%— sin superar ese techo. Dentro de ese universo, cerca de medio millón de personas verán incluso reducciones nominales de hasta el 25%, mientras que otro 11% del padrón pagará exactamente lo mismo que en 2025.

A estos beneficios se suman 175 mil contribuyentes —entre ciudadanos e instituciones— que quedarán directamente exentos del pago del impuesto. El Gobierno provincial interpreta estas medidas como un movimiento clave para dinamizar la economía local, sosteniendo que la menor presión tributaria generará mayor oxigenación en los hogares, más capacidad de consumo y un impacto positivo en la actividad productiva y comercial.

Con este anticipo, la administración de Llaryora prepara el camino hacia la Legislatura, donde se debatirá el proyecto completo del Presupuesto 2026.

La apuesta oficial busca instalar una narrativa de alivio económico en un contexto nacional de fuertes ajustes y caída del poder adquisitivo, posicionando a Córdoba como una provincia que intenta contrarrestar la recesión a través de incentivos fiscales.

El debate legislativo definirá ahora si este plan se convierte en ley y marca el rumbo económico del próximo año.