El conflicto por la iluminación LED en Marcos Juárez: la voz de Clara Chain de Baró

La ciudad de Marcos Juárez atraviesa días de profunda inquietud tras la aprobación de una ordenanza que habilita el cobro por la renovación de luminarias LED instaladas en los últimos seis años.

El tema tomó especial relevancia cuando, en Cadena Sudeste, Clara Chain de Baró, ex concejala y figura histórica del vecinalismo, expuso con claridad las inconsistencias que ella observa en el procedimiento, en los valores asignados y en la manera en que el municipio comunicó la medida.

El proyecto fue aprobado por cinco votos a cuatro, un margen estrecho que alimentó el malestar ciudadano.

Para Chain, el problema no es solo económico, sino también institucional: el proceso se llevó adelante con celeridad y sin el nivel de transparencia que, a su entender, debería caracterizar cualquier intervención vinculada a fondos públicos.

Un regreso motivado por la preocupación ciudadana

Si bien Chain se define como políticamente retirada, afirma que el afecto y el compromiso con la ciudad la llevó nuevamente a involucrarse. Describió a Marcos Juárez como su lugar en el mundo, y remarcó que ese vínculo afectivo la impulsó a asistir a la reciente audiencia pública convocada para tratar el presupuesto municipal.

Su intención era abordar dos temas simultáneamente: el aumento de tasas y la polémica implementación del cobro por iluminación LED. Aunque el encuentro no estaba pensado para debatir sobre luminarias, ella explicó que ambos asuntos están conectados porque los recursos ingresan al mismo presupuesto. Esa relación fue, según dijo, la base de su intervención.

En la audiencia solicitó explicaciones sobre el destino de los fondos, un punto que considera indispensable para cualquier evaluación ciudadana. De hecho, preguntó de manera directa: “¿En qué se lo van a gastar? ¿Van a comprar barredoras? ¿Van a arreglar las calles?”.

La respuesta que recibió, según relató, fue evasiva y centrada en que el tema de iluminación no correspondía al ámbito de esa audiencia. Aun así, insistió en que el vínculo presupuestario justifica el planteo.

El número real de frentistas afectados: un dato clave en disputa

Uno de los ejes que más tensión generó en la entrevista fue la cantidad de frentistas que deben afrontar el cobro. La Intendenta mencionó públicamente la cifra de 600 vecinos, pero para Chain ese dato no solo es incorrecto, sino que minimiza el verdadero impacto social de la medida.

A partir de cálculos propios basados en la cantidad promedio de frentes por cuadra, Chain estimó que el número es significativamente mayor.

Explicó que realizó una proyección razonada usando un promedio de once metros por frente y que, al aplicar esa lógica en las calles incluidas en la ordenanza, el resultado supera ampliamente lo declarado oficialmente. Según su evaluación, “son casi 4 mil vecinos que están afectados”, lo que implica más de seis veces la cifra mencionada por el municipio.

Para fundamentar su postura detalló su método, enumerando cuadra por cuadra y calle por calle los frentistas potencialmente alcanzados. Esa demostración minuciosa buscó dejar en evidencia que la ordenanza tiene un alcance mucho más extenso del que se comunicó.

La discusión sobre qué es y qué no es una obra

Chain considera que la medida es inválida en su naturaleza porque lo que se está cobrando no encuadra, según su experiencia, dentro del concepto de obra pública. Sostiene que en la mayoría de los casos solo hubo un recambio de lámparas y no una intervención estructural. Lo plantea con claridad cuando afirma: “El gobierno nos está intentando cobrar una obra que no es obra”.

Solo reconoce la posibilidad de que en algunas pocas cuadras se hayan cambiado columnas o tendido cableado nuevo, pero enfatiza que esto es excepcional. A su entender, la carga económica aplicada a la totalidad de los frentistas no se corresponde con el trabajo efectivamente realizado.

Por otra parte, subrayó que el mantenimiento y funcionamiento del alumbrado público ya se financian mediante dos vías regulares: el cobro mensual dentro de la tasa de servicios a la propiedad y el porcentaje del consumo eléctrico recaudado a través de la EPE.

Desde esa perspectiva, considera injustificado abrir un nuevo frente recaudatorio para un recambio tecnológico que, además, habría sido ejecutado por empleados municipales sin costos adicionales de tercerización.

Transparencia, información y tiempos: cuestionamientos al procedimiento

Otra crítica central de Chain radica en la velocidad con que se ejecutó el proceso. Según explicó, las intimaciones comenzaron a llegar pocas horas después de la votación, acompañadas de una fecha límite para presentar reclamos, lo que ella interpreta como un mecanismo que deja poco margen para la defensa del ciudadano.

Describió el contexto como un cobro compulsivo, en el cual la información llegó después de que las decisiones ya estaban tomadas. También cuestionó la ausencia de un registro de oposición previo, instancia que permitiría expresar desacuerdos antes de la aplicación del cobro.

Para Chain, la falta de claridad en los números contribuye al descontento general. Afirmó que el valor calculado de 10.000 pesos por metro lineal es difícil de justificar y reiteró que si el municipio lograra demostrar la validez de ese monto, ella misma rectificaría públicamente su postura.

Crítica a la pasividad ciudadana y al rol del Concejo Deliberante

La entrevistada reflexionó sobre la cultura cívica local, señalando que los vecinos suelen ser cumplidores con los pagos, pero no necesariamente activos a la hora de reclamar. Considera que ese hábito favorece que decisiones poco claras puedan avanzar sin oposición.

En cuanto al Concejo Deliberante, expresó una crítica directa al considerarlo ausente del análisis previo y carente de verificación territorial. Su juicio fue contundente: “Tenemos nueve concejales y ninguno fue a verificar qué se hizo. Aprendan a ser concejales”.

Para Chain, la función del concejal requiere presencia en la calle, inspección de las obras y un rol crítico independiente. Interpretó que en este caso predominó el acompañamiento automático al Ejecutivo sin la profundidad necesaria en el análisis.

El camino propuesto: pagar con reserva de derechos

Lejos de promover la desobediencia fiscal, Chain insistió en que pagar es necesario para evitar sanciones e intereses. Sin embargo, planteó un mecanismo alternativo: abonar, pero acompañando el pago con una nota formal que exprese que el vecino no da conformidad y se reserva el derecho de presentar reclamos posteriores. Subrayó que esa es la única herramienta válida para no perder posteriormente la posibilidad de cuestionar el cobro.

Además, dejó en el Concejo una nota para que los vecinos puedan firmar en señal de apoyo y como respaldo a las gestiones que ella misma lleva adelante. Explicó que si en las próximas jornadas no hay avances, presentará esa nota a la Intendenta solicitando una audiencia formal.

Determinación y apertura al diálogo

Chain dejó claro que pretende avanzar en todas las instancias posibles, incluso judiciales si fuera necesario, aunque aclaró que su intención no es confrontar, sino buscar claridad y defensa del ciudadano. Declaró abiertamente que está dispuesta a rectificar su postura si el municipio demuestra la corrección de los montos y procedimientos.

En su reflexión final expresó su compromiso con la ciudad y su decisión de continuar adelante: “Yo voy a llevar esto hasta donde más pueda”.